El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavez conducía hacia su casa con su esposa, Yolanda Pérez Cruz, y su nieto en Río Virgen, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. Una camioneta roja les cerró el paso y obligó al coche a detenerse. Quince hombres vestidos de negro, encapuchados y armados con armas de fuego, salieron de la parte trasera de la camioneta. «Nos apuntaron con rifles en la cabeza y nos dijeron que no nos moviéramos. Los demás abrieron la puerta y sacaron a mi marido y a mi nieto», relató Yolanda, también defensora del medioambiente, a Front Line Defenders. Antes de que Pablo pudiera reaccionar, el resto de la familia había sido inmovilizada en el suelo. A continuación, lo sacaron del asiento del conductor, lo arrojaron boca abajo en la camioneta y se lo llevaron. Cambiaron varias veces de vehículo para cubrir sus huellas. Horas más tarde, cuando por fin pudo ver, se encontró rodeado por la policía estatal. No se había emitido ninguna orden de detención contra Pablo, pero al caer la noche se encontraba en la prisión de Etla, en Villa de Etla, Oaxaca, a unos 80 km del lugar donde fue secuestrado, y acusado de un homicidio cometido tres años atrás.

Pablo pertenece a la comunidad indígena zapoteca de las montañas de Oaxaca y fue perseguido por defender la tierra y el agua de su comunidad. En 2017, tras siete años en prisión preventiva, fue condenado a 30 años de cárcel, y la sentencia fue confirmada en 2020.

Siempre ha mantenido su inocencia, al igual que las Naciones Unidas, que han exigido en dos ocasiones su liberación inmediata. Sin embargo, el Gobierno mexicano nunca ha respondido a las peticiones, solicitudes o condenas internacionales. La ONU ha calificado su detención de «arbitraria» y el proceso judicial de «irregular y plagado de violaciones significativas». Consideraron que las pruebas contra él eran inconsistentes y señalaron que la prueba de su ausencia en el lugar de los hechos fue presentada por su defensa, pero ignorada por el juez. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que «la verdadera razón de la detención y el enjuiciamiento del Sr. López Alavez es su labor como defensor de derechos humanos en su comunidad». También documentó que sufrió actos de maltrato, tortura y amenazas por parte de funcionarios de la prisión.

El crimen detrás del crimen
México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos (DDH). Según Human Rights Watch, solo en 2023 fueron asesinados 18 personas defensoras del medioambiente y de la tierra. En 2024, el Memorial de los DDH documentó el asesinato de 324 DDH en 32 países y constató que 32 de estos asesinatos se produjeron en México. Además, el 79,3 % de los asesinatos de DDH en todo el mundo en 2024 se produjeron en América. El informe también reveló que las personas defensoras de derechos indígenas y de la tierra son especialmente vulnerables, ya que constuyeron el 38,3 % de los asesinatos de DDH en todo el mundo en 2024.

Las personas defensoras en México viven bajo la amenaza permanente de la intimidación, las acusaciones falsas, años de prisión preventiva y desapariciones que llevan la huella del Estado. Quienes defienden los territorios indígenas se enfrentan a un castigo adicional: su lucha es criminalizada, desmantelada a través de los tribunales, y sus cuerpos desaparecen en prisiones lejos de la tierra y las comunidades por las que luchaban. En esencia, el racismo sistémico configura el sistema judicial mexicano, diseñado para despojar a los pueblos indígenas de su capacidad de acción, sus líderes, su identidad y sus tierras.

«No me arrepiento de ser defensor de la naturaleza. Todo lo que yo venía haciendo es hacia el bien del futuro de mis hijos y nietos, de mi comunidad. Del cerro que nosotros conservamos viene el agua que baja al pueblo. Nuestros abuelos lo protegieron, se murieron, pero llegamos nosotros. Vamos de pasada, pero van a quedar nuestros hijos…Si no cuidamos el bosque, todo se va a caer», dijo Pablo a El País México desde la cárcel.

Pablo es una de las muchas personas defensoras de derechos indígenas que son objeto de detenciones arbitrarias, encarcelamientos prolongados y condenas tan severas que se convierten en «cadenas perpetuas informales». Este patrón de criminalización está íntimamente ligado a la complicidad del Estado en el saqueo corporativo de las tierras indígenas. En lugar de proteger a las comunidades, el Estado se erige como garante de la extracción corporativa, persiguiendo a quienes denuncian el robo de tierras y amordazando al cuerpo político de la resistencia.

El caso de Pablo no puede separarse de la competida geografía de Oaxaca. San Isidro Aloápam y su vecino, San Miguel Aloápam, llevan décadas enfrascados en una disputa por las tierras forestales. San Miguel obtuvo permisos de tala; a San Isidro se le negó la titularidad legal de sus bosques. Según El País México, la acusación de Pablo fue orquestada por caudillos locales y empresarios en colaboración con el gobierno del PRI de Ulises Ruiz Ortiz. La desaparición orquestada de Pablo era una condición previa para la tala sin restricciones.

Mucho antes de su detención en 2010, el trabajo de Pablo como defensor se vio marcado por enfrentamientos menores con el Estado. En 2000, fue condenado por «atentar contra la vía pública», un cargo que posteriormente fue revocado en apelación. En los años siguientes, fue acusado, pero no condenado, de agresión, robo de madera y daños. El patrón es claro: Pablo se enfrentó repetidamente a acusaciones falsas en un intento del Estado de desgastarlo sistemáticamente.

Patrones de impunidad estatal
La persecución de Pablo forma parte de un patrón nacional y continental en el que se criminaliza a las personas indígenas defensoras de la tierra para garantizar el acceso a la extracción por parte de las empresas. La criminalización de la disidencia indígena en México y en toda América Latina está profundamente relacionada con las operaciones empresariales. En lugar de proteger los derechos de las comunidades, los gobiernos se alinean con las poderosas empresas y utilizan la ley para desmantelar la resistencia, encarcelar a los líderes y crear las condiciones para la extracción.

En Chiapas, Tlaxcala y más allá, la táctica se prueba, se perfecciona y se repite. En toda América, desde los mapuches en Chile hasta los protectores del agua en Standing Rock, la lógica es la misma: atacar a las personas defensoras, criminalizar a las comunidades locales y romper la resistencia.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha pedido la liberación de Pablo, reconociendo que su encarcelamiento es un castigo por defender la tierra, el agua y los derechos de su pueblo. A menos que se aborden las violaciones identificadas por la ONU, seguirá cumpliendo, en palabras de Front Line Defenders, una «cadena perpetua informal».

La vida en prisión
Dentro de la prisión, los días de Pablo transcurren en un estricto ciclo repetitivo: pase de lista al amanecer, largas horas en el taller de carpintería, escasas comidas a base de tortillas y café, y, cuando su familia no puede visitarlo para llevarle comida, el peso añadido del hambre.

Su familia sufre amenazas, allanamientos y enfermedades en su ausencia, y su esposa Yolanda es la que más sufre cuando se atreve a visitar la casa de su esposo. Ha recibido amenazas de muerte, la han obligado a abandonar su hogar en la montaña, y ahora vive en la ciudad por seguridad. «He perdido todo lo que construí en mi comunidad. Ahora mi familia vive aquí, en una casa alquilada», dijo.

En diversas entrevistas a lo largo de los años, Pablo ha recibido la misma pregunta sobre su futuro y su libertad, y sus respuestas son siempre las mismas. La idea de abandonar la lucha por la tierra no se le pasa por la cabeza; su sentido del deber no deja lugar a la indulgencia personal.

Cronología legal:

2000: condenado por «atentar contra la vía pública», sentencia posteriormente revocada (Front Line Defenders).
Años 2000: Repetidas acusaciones (agresión, robo de madera, daños) sin condenas.
2007: Dos hombres de San Miguel Aloápam son asesinados; se intensifican las tensiones.
2010: Secuestrado, golpeado, incomunicado y entregado a la policía estatal; acusado de uno de los asesinatos de 2007.
2010-2017: detenido sin juicio durante siete años.
2017: El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declara arbitraria su detención y la vincula a su labor de defensa del medioambiente.
2017 – Condenado a 30 años de prisión.
2018 – El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca confirma la sentencia, repitiendo los errores de la primera sentencia.
2020 – Un tribunal estatal ordena un nuevo juicio debido a graves irregularidades.
2021 – El tribunal confirma la orden de prisión formal.
2025 – Se le vuelve a condenar a 30 años; la sentencia se dicta pocas horas después de la audiencia (El País México, abril de 2024).